“Un Gobierno que no implementa la consulta previa atenta contra la institucionalidad democrática”

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P.- ¿Cómo va el proceso de implementación de la consulta previa a dos años de la aprobación de la ley?

R.- Hay una falta de voluntad política, sin lugar a dudas,  porque en cuanto a lo normativo, el Perú es uno de los países que más desarrollo tiene. Además, del Convenio 169 de la OIT [Organización Internacional del Trabajo] -ya vigente en nuestro país desde 1995-,  tenemos una ley de consulta, un reglamento y decretos supremos, pero no hay voluntad política clara. Se ha anunciado que estarían en preparación los procesos de consulta para el Reglamento de la Ley Forestal y de la Ley de Lenguas Indígenas, pero donde más resistencia hay es en los proyectos extractivos. Tanto es así que, desde el Ejecutivo, e incluso de manera explícita en boca del Presidente de Consejo de Ministros, se llegó a  decir que se iban a destrabar de la consulta previa los proyectos mineros. Con lo cual se estaba diciendo que el Gobierno estaba dispuesto a vulnerar el orden constitucional,  favoreciendo así los intereses extractivos.

Tampoco hay una práctica de interculturalidad en el Estado Peruano.  Tenemos un Estado que se ha concebido siempre desde una lógica monocultural, y al que le cuesta enormemente entender las realidades culturales de estas poblaciones- abandonadas por el Estado-, e implementar un verdadero diálogo intercultural.

Finalmente, también  hay una falta de institucionalidad así como una falta de conocimiento de la realidad pluricultural de nuestro país. Por ejemplo, no tenemos en el Perú una entidad pública que realmente se dedique a articular políticas públicas para pueblos indígenas. Tenemos un Viceministerio de Interculturalidad muy débil políticamente, con poca incidencia en el Gobierno, y un INDEPA [Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos  y Afroperuanos] casi desaparecido.

P- ¿Es compatible esta visión de desarrollo con el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas?

R.- Si un país basa su desarrollo casi de manera exclusiva en  proyectos extractivos efectivamente resulta muy difícil implementar políticas de diálogo. Tenemos el extractivismo no solamente como una política económica, sino que está estrechamente relacionada con toda una práctica judicial, mediática y hasta cultural. El tema de los proyectos extractivos está asociado a la criminalización de la protesta. Además del excesivo centralismo que hay en la toma de decisiones sobre proyectos extractivos por lo que resulta muy difícil que se haga compatible con una práctica democrática de diálogo intercultural.

P.- ¿Es necesaria una reorientación del modelo de desarrollo económico?

R.-Seguramente, primero tendríamos que diversificar nuestra economía para no ser tan dependientes del sector extractivo como lo somos. Como se ha demostrado en este último año con la reducción de los precios de los minerales en el mercado internacional, se generó toda una crisis- a la que el presidente Humala la califico como “bache”-  . Se recortó la transferencia por canon y lamentablemente, la respuesta del Gobierno en vez de ser una que busque superar este escenario diversificando la economía, haciéndonos menos dependientes de este sector, más bien ha sido más de lo mismo. Y como ya se ha anunciado para este año, va a  seguir impulsando los proyectos extractivos incluso en perjuicio de la  institucionalidad ambiental y en perjuicio de los derechos fundamentales como la consulta previa.

P.- Hoy por hoy, ¿El Ejecutivo tiene capacidad logística y presupuestaria para implementar la consulta previa?

R.- El problema es que no solamente pasa por la implementación de la consulta previa.  La consulta previa de manera aislada no va a poder resolver todo el problema de la falta de planificación en términos económicos y territoriales, la falta de institucionalidad ambiental y  la falta de práctica de diálogo. O sea que tiene que haber otro tipo de políticas públicas que acompañen estos procesos. El caso del lote 192 en Loreto ilustra muy bien esto. Las organizaciones indígenas dijeron de manera totalmente legítima que entrarían en un proceso de consulta previa pero después de que se resolvieran primero una serie de problemas que datan de hace 40 años y que tienen que ver con los impactos negativos de la  explotación petrolera: contaminación ambiental, la falta de titulación, la falta de servicios básicos. Por tanto, se desprende de esto la necesidad de construir una institucionalidad pública para pueblos indígenas. Tiene que haber una entidad que pueda articular políticas públicas a favor de los indígenas, además de un fortalecimiento de la institucionalidad ambiental y una política de ordenamiento territorial para que se defina de manera participativa con visión de desarrollo sostenible cómo se va a usar el territorio y para qué fines. No podemos seguir con esta política indiscriminada de concesiones sin pensar en los impactos que esto va a tener en el mediano y largo plazo.

P.- En la base de datos sólo se han reconocido cuatro pueblos indígenas andinos, ¿Por qué? ¿Influye que en la zona andina se concentren las concesiones y proyectos mineros?

R.- Recordemos que en determinado momento desde el propio Gobierno pretendieron negar totalmente la posibilidad de que pueblos andinos, comunidades campesinas, pudieran acceder al derecho de consulta previa vulnerando evidentemente lo que se establece en el convenio 169 de la OIT, y además desconociendo la historia y la cultura de nuestro país. Aún cuando la base de datos de pueblos indígenas tuvo un enorme retraso, se demoró como 2 años en iniciarse su publicación, creo que es saludable que por lo menos se haya reconocido la existencia de pueblos indígenas en la sierra.

Respecto a lo de si influye, el propio Consejo de Ministros comunicó su decisión de destrabar de la consulta previa los proyectos mineros vulnerando lo que dice el mandato constitucional. Sería bueno recordarle que la consulta no es ningún monstruo, simplemente es un proceso de diálogo, y lo esencial en la democracia es el diálogo. Un gobierno que dice no implementa la consulta previa es un gobierno que dice no quiero dialogar, y eso atenta con toda seguridad contra la institucionalidad democrática.

P.- En relación al lote 192, ¿Le dará tiempo al Estado a licitar el Lote y sacar adelante la Consulta Previa?

R.- PerúPetro ha señalado en reiteradas ocasiones que tenía urgencia de implementar ese proceso de consulta porque el plazo de vencimiento para la licitación es el 2015. Pero en la medida en que no se cumplen con las condiciones previas planteadas por las federaciones indígenas esto difícilmente podrá avanzar y en todo caso ya es responsabilidad del Ejecutivo cumplir con sus compromisos.   Estaremos vigilantes en este proceso que en esta mesa de desarrollo que se ha anunciado desde el Ejecutivo con las federaciones indígenas, las autoridades locales y regionales de la zona para dar cumplimiento a estos pedidos se puedan empezar a implementar.

P.- En relación al proceso de implementación  de la consulta previa,  en el sector de hidrocarburos, por ejemplo, se consulta después del proceso de licitación y antes de la elaboración de un estudio de impacto socioambiental. ¿Qué margen de decisión les queda a los pueblos indígenas aún implementándose la consulta previa?

R.- En términos legales efectivamente hay un problema porque en el sector de hidrocarburos la norma planteó que se consultara después de que el Estado haya hecho todo el proceso con las empresas interesadas. Sin embargo, sería importante recoger la experiencia nuevamente de las federaciones indígenas que están en el marco del Lote 192. Yo creo que hay algunas cosas para las cuales hay un margen de debate y que se va a definir también en función de la capacidad de las organizaciones indígenas para tener incidencia política y de los aliados que puedan tener para exigir que la consulta previa no sea un mero trámite administrativo y signifique realmente un proceso de diálogo, de entendimiento, de las visiones de desarrollo particulares que pueden tener los pueblos indígenas.

P.- En el sector de hidrocarburos, Perupetro es quien define lo que se consulta, ¿no es juez  y parte?

R.- Ciertamente se podría haber optado por una entidad que de manera autónoma pueda implementarlos, como sucede en otros países. Ahora se espera que para cubrir este potencial conflicto de interés, el Viceministerio de Interculturalidad tenga un papel mucho más fuerte, más presente, sobre todo en el acompañamiento de las organizaciones indígenas.

 

Por Nylva Hiruelas

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