“Sería contraproducente no realizar un proceso de consulta previa en el Lote 192”

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Patricia Balbuena, viceministra de Interculturalidad, analiza el estado de la implementación de la consulta previa en el país, aprobada hace más de dos años, así como los avances y retos que se plantean desde el Viceministerio.

 

P.- ¿Cuántos procesos de consulta previa se ha implementado a nivel nacional?

R.- Se han cerrado hasta el momento tres procesos de consulta en su fase de diálogo, [que entrarían a la etapa final de decisión: Lote 169, el Área de Conservación Regional Maijuna]. El viernes 31 de enero se cerró el proceso de consulta previa con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), el de Sierra del Divisor, en la región de Ucayali.  Además, está entrando a la etapa de diálogo el lote 195, ubicado en la misma región. A nivel nacional está la Ley de Salud Intercultural, que está en su etapa informativa y que debe concluir en unos dos meses. Además, se están iniciando otros siete más en materia de hidrocarburos con Perupetro. La compañía ha señalado que va a sacar todo este año 26 lotes, pero se va a empezar en este primer semestre, con estos siete, en los cuales estamos iniciando la etapa preparatoria.

P.- ¿En qué fase está el proceso de consulta previa en el Lote 192?

R.- Ninguna, no se ha iniciado, el proceso de consulta previa ni siquiera está en su etapa preparatoria. Sí hay un acta que señala hacer el proceso de consulta previa. Sin embargo, el proceso se inicia cuando, en este caso, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) se comunica con el Viceministerio de Interculturalidad, nos señala que va a iniciar el proceso, y requiere que le demos información y asistencia técnica. A partir de ahí,  se inician una serie de pasos. Pero hasta ahora no hemos sido notificados por el MINEM de que el proceso se está iniciando.

Esto tiene que ver con las condiciones planteadas por las federaciones para iniciar el proceso de consulta previa. El inicio del proceso está parado mientras se van atendiendo esas cinco condiciones. Las federaciones tendrán que evaluar cuál es el nivel de avance de las mismas y considerar si ese nivel constituye una señal positiva de compromiso, y en base a esto, estarían dispuestas a iniciar el proceso de consulta. La preocupación está en el cuándo, porque para el Ejecutivo si es más allá piensa que ya no llega [la fecha de vencimiento del contrato de Pluspetrol es en abril de 2015] y para las federaciones es importante que se atiendan también otras demandas. Las federaciones están de acuerdo en que se haga la consulta previa, por tanto, no está en duda el mismo proceso de consulta, la pregunta entonces es: “¿Cuándo?” y ese momento está determinado por las condiciones. Considero que el Ejecutivo debe hacer un mayor esfuerzo y las federaciones también para ponerse de acuerdo en ese cuándo, y evaluar cuáles son las condiciones mínimas que se requieren para decidir el momento. Esto requiere nuevamente de un encuentro y de un diálogo entre ambos. Hay que afirmar que sí se tiene que hacer el proceso de consulta, y lo único que tiene que definirse es cuándo se hace el proceso.

P.- A pesar de que el Estado ha declarado en emergencia tres de las cuatro cuencas- de hecho acaban de prorrogarla en la cuenca del río Corrientes por 90 días-, las medidas tomadas han sido del todo insuficientes. ¿Considera que genera desconfianza en las comunidades esta actuación?

R.- Sí claro, yo creo que en las declaratorias de emergencia ambiental tenía que haber habido un esfuerzo mayor. Las federaciones no están pidiendo lo imposible, lo que están pidiendo es lo que necesitan que sea garantizado. Considero que ahí hay que acelerar el paso sabiendo que hay medidas a corto, mediano y largo plazo. Pero las federaciones tienen que estar de acuerdo en lo que ven que se está haciendo, para que les dé la suficiente confianza para poder avanzar.

P.- Si se venciera el plazo de licitación del lote y no se celebrara la consulta previa. ¿Qué sucedería en ese escenario?

R.- Si bien Perupetro y el Ministerio de Energía y Minas han señalado su preocupación por el plazo, desde el Viceministerio creemos que ya hay que mantener un diálogo con las federaciones para evaluar el inicio del proceso. Creemos que es el mejor camino y que las federaciones están dispuestas a mantener ese espacio abierto de diálogo con el Estado. Sería contraproducente no ir a un proceso de consulta previa en la zona.

P.- Y en este escenario, ¿qué papel cumpliría el Viceministerio de Interculturalidad?

R.- El Viceministerio lo que hace, si hay un proceso, es solicitar al Ministerio de Energía y Minas que le informe de las razones por las que no se está tomando esas medidas y que sustente su actuación. El Viceministerio también le puede decir que lo que está haciendo no es acorde a la ley. Pero el Viceministerio de Interculturalidad no tiene capacidad sancionadora, es decir, si el Ministerio de Energía y Minas no quiere consultar algo, -que es lo que nos está pasando en minería- lo que hacemos es notificar al sector acerca de lo que no está cumpliendo.

P.- El presidente Ollanta Humala decidió destrabar 14 proyectos mineros, exonerándolos de la consulta previa. ¿Es legal esta exoneración?

R.- Eso se dijo en unas declaraciones, pero en realidad no se ha logrado identificar cuáles son los 14 procesos que se han destrabado y han salido exonerados de consulta.

P.- ¿Estánparalizados?

R.- De estos 14 proyectos no hemos recibido información de cuáles han sido los que se han exonerado.

P.- ¿Qué garantía de futuro ofrece  para otros procesos que el presidente, aunque sea de momento sólo en el discurso, declare que unos determinados proyectos puedan ser exonerados de la consulta previa?

R.-  Hay procesos que no pueden ser exonerados, porque tienes la ley, y ésta tiene una vigencia. Es un derecho, y no puedes decir yo te exonero de ese derecho, legalmente no se puede. El Estado tiene la obligación, o sea que no puede decir, acá si aplico pero acá no.

P.- En la base de datos de pueblos indígenas se reconocen sólo a cuatro pueblos andinos como indígenas. ¿Por qué?

R.- Porque son los que se han identificado: Aymara, Uro, Jaqaru y Quechua. Se ha hecho un trabajo de más o menos un año a cargo de una serie de antropólogos, geógrafos, historiadores entre otros, que han revisado toda la bibliografía existente para tratar de identificar los pueblos. Es difícil porque en el tema quechua se habla de varios pueblos en el interior, pero además en el Perú, en la zona andina, no hay un tema de auto reconocimiento. La población no se siente indígena, la población se siente más local, si pregunta el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) si es indígena te van a decir que no lo son. Y eso lo hace más difícil, a diferencia de la zona amazónica, donde la pertenencia es mucho más clara de parte de la gente. Y dificulta que podamos tener más desagregada la información. Nosotros tenemos la información que todas las fuentes oficiales nos dan, y la  hemos recogido también de algunas organizaciones como el Instituto del Bien Común, por ejemplo.

P.- Una de las críticas que se le hace es que el Estado sea quien defina quiénes son pueblos indígenas y quiénes no.

R.- El Estado no define en realidad. El Estado por el Convenio no puede definir quién es pueblo y quién no lo es, lo que hace es simplemente recoger la información y dice hasta la fecha esta es la información referencial que tenemos, por eso se hace el trabajo de verificación en campo. Ahí tienes que hay 52 pueblos amazónicos y cuatro pueblos andinos,  pero puede haber más pueblos.

P.- ¿Influye en este reconocimiento que en la zona andina se concentren concesiones mineras?

R.- Una cosa es hablar de pueblo y otra de comunidad. Los pueblos que se han reconocido abarcan cerca de 5.500 comunidades,  un número bien grande en realidad. No es que se esté dejando fuera a las comunidades; en realidad, se está dejando fuera casi todas las de la costa, pero estás abarcando toda la sierra sur, sierra centro y un poco de la sierra norte. Hay una diferencia entre pueblo y comunidad, el pueblo puede estar organizado en comunidades, como puede no estarlo.

P.- El organismo promotor de la consulta previa, por ejemplo, en el sector de hidrocarburos es Perupetro, ¿no es juez y parte?

R.- La consulta la hace el Estado. La consulta, -a diferencia de otros modelos de otros países-, la hace el Estado, en este caso, el Ministerio de Energía y Minas, y éste delega esa competencia a una entidad adscrita al ministerio que es Perupetro, y lo hace porque legamente es la empresa que tiene como competencia sacar a concurso los lotes. El sector lo que hace es identificar quién tiene la competencia para implementar la consulta en esa medida a ser consultada y, en ese análisis jurídico, identifica que Perupetro es quien lo hace.

P.- Afirma que hace falta un desarrollo de la institucionalidad del Viceministerio de Interculturalidad, ¿A qué se refiere con ello?

R.- Creemos que para la implementación de la consulta previa, así como de otros derechos que establece el Convenio 169 de la OIT, se requiere de un fortalecimiento de las capacidades del Viceministerio. Es decir, el Estado tiene que desarrollar un aparato público lo suficientemente fuerte, dotado con los recursos financieros, humanos, instrumentos y normas que necesita para hacerse cargo de estas obligaciones.

P. ¿Considera que hay una voluntad política por parte del Gobierno de querer fortalecer al Viceministerio?

R.- Hemos conseguido que en el 2014 tengamos más presupuesto, estamos ampliando el número de personal. Tenemos claro lo que necesitamos para trabajar: más recursos, más personal, más presencia en las regiones-estamos abriendo oficinas en ellas-, además, estamos produciendo una serie de instrumentos normativos bastante importantes en los últimos meses. Creemos que desde el Viceministerio existe todo el compromiso por avanzar, si bien es cierto en el gobierno y en el Estado no todo funciona como uno quisiera, al mismo tiempo y todos sintonizados. Nuestro trabajo justamente consiste en tratar de que todos se sintonicen también con lo que nosotros hacemos,  y a veces esto requiere de más tiempo.

P. Afirma que es necesario la titulación de tierras, ¿Qué problemas genera la falta de titulación?

R.- El tema de titulación presenta una problemática muy diferente entre la zona andina y la amazónica. En ésta, hay todavía un número grande de comunidades por garantizar el reconocimiento, avanzar con la titulación y la ampliación. Eso es un proceso pendiente, se avanzó muy poco en los últimos años en tema de titulación, y es algo que necesitan las comunidades porque sobre eso pueden negociar sus compensaciones, sus servidumbres… y pueden anteponer sus derechos sobre los de otros. Es un proceso que se quedó estancado y lo que hay que hacer es acelerarlo y ordenar también, porque los gobiernos regionales que son los que hacen este proceso, cada uno lo hace con sus criterios, lo que tenemos que hacer es ordenar eso y dar lineamientos para que todos los gobiernos regionales tengan claridad en lo que tienen que hacer y así poder avanzar.

P.- ¿Por qué no se avanza en este tema?

R.- No se ha avanzado por varias razones, entre ellas, un tema de recursos. Antes estaba centralizado en el Ejecutivo central, y luego se transfirieron a los gobiernos regionales, pero cuando se hizo este traspase se transfirió sin presupuesto, sin gente, y sin instrumentos tecnológicos. Entonces, el gobierno regional tenía la competencia pero no los recursos y esto estancó el proceso. Ello implica desarrollar capacidades para que los gobiernos regionales se hagan cargo de la tarea, eso es lo que creo que ha demorado todo el proceso.

P.- Especialistas, además del Informe Alternativo, señalan que existe ambigüedad en la legislación sobre si se consulta antes o después del proceso de licitación en el caso de hidrocarburos. ¿Cuándo se consulta antes o después?

R.- El proceso de consulta, de acuerdo a lo establecido por la entidad promotora (el Ministerio de Energía y Minas) es antes de la licitación y antes del estudio de impacto ambiental. La afirmación se sustenta en la Resolución Ministerial N° 350-2012-MEM/DM del 20 de julio de 2012, que aprobó los procedimientos administrativos en los que corresponde realizar los procesos de consulta previa en hidrocarburos. La ley y el reglamento de consulta previa establecen que son las entidades promotoras de una medida de consulta quienes analizan y establecen la oportunidad a consultar, sobre la base de la evaluación de la afectación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Por ejemplo, en consulta previa se puede modificar el tamaño de un lote. En la negociación hay muchos puntos que pueden entrar.

P.- Muchos empresarios ven la consulta previa como un obstáculo a la inversión, ¿Cuál es el mensaje desde el Viceministerio de interculturalidad para que el empresariado no lo vea como tal?

R.- La semana pasada tuvimos una reunión sobre el tema de consulta previa, y había muchos empresarios, además de ONGs y organizaciones indígenas. Lo que los empresarios dijeron en esta reunión me parece importante. Dijeron que ellos sí creían en la consulta previa, pero lo que necesitan es tener certidumbre, que pueden confiar en que se va a hacer, en los tiempos y que se va a asegurar estabilidad para poder trabajar. Me parece que en eso estamos trabajando y lo que se están demostrando en los procesos que se están haciendo, y por eso es importante hacer el proceso de consulta previa en el Lote 192, para dar señales de que sí se puede y es posible lograr acuerdos y compromisos.

P.- ¿Con qué presupuesto cuenta el Viceministerio de Interculturalidad para la implementación de  un proceso de consulta previa?

R.- En el proceso de consulta previa hay un modelo mixto, significa que el Viceministerio tiene la labor de coordinar y brindar la asistencia técnica para que la entidad promotora sea la que implemente el proceso de consulta.

El Viceministerio no implementa los procesos de consulta previa. Lo que hace es acompañar a la entidad en el proceso y  brindar toda la asistencia técnica del caso, de tal manera, que el costo mayor lo asume la entidad promotora del proceso de consulta. En el caso de hidrocarburos, Perupetro, es la que asume todo el costo del proceso. Desde el Viceministerio se asume el costo de acompañamiento a ese proceso. Por ejemplo, en la etapa preparatoria el gasto más fuerte está en la etapa de identificación de pueblos. Este trabajo se hace con antropólogos y geógrafos en campo. Luego hay que acompañar, -una vez que se da todo el plan de consulta-, todos los talleres informativos y toda la etapa de diálogo. 

Por Nylva Hiruelas

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