“Las comunidades no permitirán una nueva licitación sin resolver todos los problemas que aquejan en Pastaza”

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Congresista Verónika Mendoza

En los últimos días de octubre, pobladores de las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón, que pertenecen a las comunidades afectadas por la contaminación producto de la actividad petrolera de la empresa Pluspetrol en la zona, tomaron el aeropuerto de Andoas, en protesta por el incumplimiento de sus demandas.

La actividad petrolera en dicha localidad loretana lleva más de 40 años. Pluspetrol opera desde el 2000. Lo más grave es que ya hay registros oficiales de la exaltante contaminación, que permanece sin reparación, mientras que los pobladores aún siguen negociando los términos de la indemnización que exigen hace varios años.

La congresista Verónika Mendoza, explica que uno de los temas más urgentes que se debe resolver cuanto antes, es el de la titulación de tierras. Sin embargo, la falta de voluntad del Estado ha alargado el proceso incluso existiendo recursos.

“La titulación es un asunto de voluntad política. Presupuesto hay. No solo de lo que dispone el Estado peruano, sino aportes de la banca multilateral, de cooperación internacional. Lo único que tenemos es una voluntad expresada por la propia presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara”, comenta Mendoza.

Días después de haber tomado el aeropuerto de Andoas, la Federación Indígena del Pastaza (Fediquep) llegó a un acuerdo de solución con Pluspetrol. Lo que ha informado la empresa es que se acordó soluciones a los temas planteados por la comunidad nativa en relación a la compensación por el uso de tierras y el uso de canteras. Todo ello con la presencia de la Defensoría del Pueblo.

Entre los acuerdos está el solicitar las valorizaciones técnicas independientes para fijar el monto de compensación. La congresista Mendoza recalcó la importancia de este acuerdo. Al respecto sostuvo que “las lagunas y los pozos de agua han quedado prácticamente inutilizados en muchos casos. Antes eran fuente de agua y alimento y hoy pues, han desaparecido completamente”. Por ello exigió la presencia del Estado en todo el proceso.

La congresista adelantó que, de no tener solución a los reclamos de las comunidades del Pastaza, éstas no dejarán que se inicie un nuevo proceso de licitación.

“Las comunidades ya han dicho que no van a aceptar que se convoque a una nueva licitación como está previsto para darle el lote a un nuevo concesionario. Porque el contrato de Pluspetrol se acaba en agosto de 2015. Antes de convocar tiene que haber un proceso de consulta previa. Eso es totalmente legítimo”, expresó.

Mendoza sostiene que hay una enorme desconfianza de las comunidades hacia el Estado y la empresa privada. Lo que se teme, agrega, es que se mantenga la situación de incertidumbre sobre el territorio para facilitar que cualquier inversionista pueda instalarse sin garantías ambientales, sociales.

“El gobierno debe establecer, de manera planificada con criterio de sostenibilidad ambiental y social, qué se hace, dónde y cómo se hace. Debe titular a las comunidades, hacer consulta previa. Eso garantizaría inversiones sostenibles que no solo generen renta sino bienestar a las comunidades y que garanticen la protección del medio ambiente”, concluyó la congresista.

 

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