La eliminación de los EIA implicaría el surgimiento de nuevos conflictos sociales

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Javier La Rosa, profesor de la facultad de derecho de la Universidad Católica, nos hace un balance del proceso de consulta previa en el país y en el Lote 192. Asimismo, analiza el impacto de la posible eliminación del estudio de impacto ambiental (EIA).

P.- ¿Cuál es el objetivo de sustituir el Estudio de Impacto Ambiental (EIA)  por una declaración de impacto ambiental (DIA)?

En principio se trata de una propuesta aún no madurada y que entiendo está en una etapa de discusión al interior del Ejecutivo un nuevo reglamento para exploración petrolera. Creo que ha habido un apresuramiento de ciertos activistas ambientalistas en formular sus críticas ya que el propio Ministerio del Ambiente ha señalado que este es un tema no definido.

Debe tenerse en cuenta que una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) no es una declaración jurada, se trata de un requisito para las actividades ambientales de menor riesgo. Por eso debe evaluarse bien en qué momento se lo exige. En el caso de los EIA, es claro que se usan cuando estamos ante una actividad de gran impacto ambiental.

  P.- ¿De qué manera afectará este cambio a los derechos de los pueblos indígenas?

R.- Espero que no prospere la iniciativa del Ministerio de Energía y Minas. Creo que en esto el Ejecutivo ponderará entre la necesidad de reformular algunos trámites que demoran las inversiones y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y al medio ambiente. Además, debe tenerse en cuenta que si prevaleciera la tesis de Energía y Minas, el desprestigio internacional y el surgimiento de nuevos conflictos sociales serían parte de los efectos que no ayudarían a la gobernabilidad del país.

P.- ¿Qué opina de la posición de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex) de que los proyectos de interés nacional deben ser exonerados de la consulta previa?

R.- Son declaraciones poco pensadas y equivocadas que no responden a la naturaleza de empresarios modernos que respetan su entorno social y ambiental. Resulta lamentable que no se puedan dar cuenta que si funciona bien la consulta previa y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y de otras comunidades rurales, pueden asegurar mejores condiciones para sus inversiones en el mediano y largo plazo. Adicionalmente, hay un tema formal pero no menos importante: la legislación actual no permite esta exoneración de la consulta previa, y me refiero no solamente a las leyes nacionales, sino a los tratados internacionales y las sentencias vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Considero que corresponde a los sectores estatales seguir incidiendo ante estos gremios empresariales para persuadirlos de las ventajas de iniciar otra etapa en la forma como se relacionan con las comunidades y pueblos indígenas. Aquí sí creo que le corresponde al Viceministerio de Interculturalidad asumir esta función.

P.- ¿Cuál es su evaluación en el proceso de implementación de la consulta previa a dos años de la aprobación de la ley?

R.-El Perú ha sido de los pocos países que se han animado a tener una legislación sobre el tema, pero creo que a estas alturas muchos coinciden en que no era suficiente con dotar de un reglamento a la consulta previa. Se requerían otras medidas que la acompañaran, empezando por una adecuada institucionalidad estatal, o el reconocimiento de otros derechos de los pueblos indígenas.  Esto se viene dando de manera progresiva, pero mientras no esté de alguna manera resuelto, es como una suerte de mesa coja.

P.- ¿Qué otras patas sujetan la mesa?

R.- Yo echo en falta todo el tema de capacidades para llevar a cabo el proceso de consulta previa. En el Estado no ha habido el debido entendimiento, ni  las debidas capacidades de sus funcionarios para entender qué es la consulta previa. Tampoco desde la sociedad civil. Creo que lo que ha habido en estos dos años ha sido una suerte de inicio de un aprendizaje forzado.

En segundo lugar, la institucionalidad. Tenemos un débil Viceministerio de Interculturalidad. Todavía el asunto de los pueblos indígenas se ve como un tema marginal. Mientras no haya una sólida institucionalidad allí, esto no va a funcionar.

Y el tercer punto tiene que ver con la voluntad. Se requiere de una voluntad consistente de los hacedores de política pública, y  a mi modo de ver esto no ha sido tan evidente. Todavía no se toma conciencia de lo que significa el tema de los pueblos indígenas para el país.

P.- En estos dos años, ¿cómo se ha entendido  la consultaprevia?

R.- En general se asumió por muchos de los actores que la consulta previa era una suerte de procedimiento, de negociación, en el cual se trataba de informar a los afectados sobre las medidas que se iban a implementar. No se asumió que la consulta previa es sobre todo un proceso de diálogo intercultural, -lo que significa que no necesariamente tiene que haber un acuerdo- fruto del cual se produce una suerte de reacomodo, de transformación de la relación entre los consultantes y los consultados.  Esto es, en buena cuenta, el diálogo intercultural. No es solamente un tema de hablar en el idioma del pueblo indígena que está siendo consultado. Todavía esto está en un proceso de aprendizaje y no se comprende en toda su dimensión. Todavía se siguen utilizando categorías que son las de la cultura hegemónica y no se incorpora el sustrato de otras culturas.

P.- ¿Qué perspectiva de futuro ve para el Lote 192?

R.- Lo que pasa en el Lote 192 es una situación emblemática de lo que puede pasar en otras zonas del país, donde ha habido una intervención desmedida de industrias extractivas que han generado un daño ambiental y social. Lo que demandan los pueblos indígenas de este lote es que primero  remedien su situación. Mientras eso no se consiga, veo difícil que se vaya a llevar a cabo un proceso de consulta previa. La consulta previa es entre otras cosas, la creación de un clima de confianza, y se puede crear en la medida en que se vea esta voluntad de querer mejorar el daño causado. Eso va a pasar a mi modo de ver en otras zonas del país, por eso creo que hay que tener mucho cuidado con cómo se maneja esta situación porque la señal que se va a dar a otros lugares va a ser significativa.

P.- ¿Es compatible esta visión de desarrollo basada en  el extractivismo con el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas?

R.- En principio debiera serlo porque no tenemos opción. El Perú, como otros países latinoamericanos, tiene esta situación en la cual depende de la explotación de las industrias extractivas para generar recursos, pero eso no debiera significar la afectación de derechos fundamentales, debería ir de la mano. La apuesta debe ser por encontrar una manera  de hacerlo compatible. Creo que no se ha hecho lo suficiente. Haciendo un balance, se ve que se ha priorizado más la exploración de los recursos naturales, descuidando el tema de los derechos fundamentales. Esto hay que reequilibrarlo, y aquí no hay secretos: la única manera es consultando a estos pueblos.

P.- ¿Cree que se avecina un horizonte demayor conflictividad social por haber generado la consulta previa ciertas expectativas entre los pueblos indígenas y por el compromiso del gobierno con las industrias extractivas como motor de desarrollo del país?

R.- Creo que hay ese riesgo desde el momento en el que se abrió la puerta de la consulta previa en el país. Al Estado no le queda más remedio que encarar este asunto, y debe hacerlo bien. Creo que es un tema que puede defraudar a sus ciudadanos si no lo hace bien.

En el caso de los pueblos indígenas, que han sido por siglos explotados, cuando se aprobó la Ley de Consulta Previa de algún modo se crearon una expectativa, y  sería grave que esto no se pudiera cumplir bien. No hay marcha atrás, es más, la mayoría de los pueblos ya asumieron que es su derecho, y por lo tanto, de no ejercerse, van a demandar su cumplimiento.

P.-En la base de datos de pueblos indígenas sólo se han reconocido a cuatro pueblos andinos como indígenas. ¿Por qué?, ¿influye que en esa zona se concentren las concesiones mineras?

R.- En principio la base de datos es referencial, no es constitutiva de derechos. Esto tiene que ser mejorado, yo no creo que podamos hablar solamente de cuatro pueblos indígenas andinos. Considero que la manera bajo la cual se diseñó la base de datos no fue la más adecuada y ha generado esta suerte de cuantificación porque se han usado criterios muy exactos, como la lengua y el territorio, con poco correlato con la realidad que han llevado a ese resultado, pero va más allá de eso. Se ha optado por esta fórmula- a mi modo de ver simplificada-por el desconocimiento que hay sobre los pueblos indígenas.

Es una posibilidad que influya el hecho de que en esta zona se concentren las concesiones mineras. Poniéndose en la lógica de aquel funcionario que desea el menor número de trabas posibles para poder promover inversiones, obviamente cuanto más simplificado esté, mucho mejor. Si bien esto cierto, dentro del mismo Estado hay otros sectores que promueven las inversiones realizadas bajo el respeto de  los derechos de los pueblos indígenas.

P.- Existe cierta ambigüedad en relación al momento de la consulta, por ejemplo, en el sector de hidrocarburos, y de acuerdo a lo que señala el Informe Alternativo 2013, se consulta después del proceso de licitación y antes de la elaboración del estudio de impacto ambiental.

R.- La consulta debe hacerse cada vez que una medida -la licitación- afecte a un pueblo indígena. Por lo tanto es antes. Eso es lo que dice el Convenio 169, aunque la ley de consulta previa y su reglamento lo han señalado de un modo ambiguo.

Este es uno de los puntos polémicos que se identificaron de la legislación aprobada, porque no guarda compatibilidad con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Tiene que buscarse una manera de aterrizarla con la realidad, pues si nos ceñimos a esta interpretación de la OIT, que señala que incluso desde el momento del otorgamiento de la concesión minera  tiene que consultarse a la población de la comunidad, vamos a tener una suerte de situación inmanejable a nivel estatal por la cantidad de peticiones mineras que hay. Sería prácticamente imposible llevar a cabo ese número de consultas previas. No es un tema de falta de voluntad, es un tema de falta de realismo.

Pero si uno se pone en los zapatos de las comunidades afectadas, entiendes que quisieran saber cuándo están otorgando un derecho sobre sus territorios. Hay que encontrar una manera de hacerlo compatible, y se consigue mediante el diálogo.

P.- ¿El ordenamiento territorial podría ser una fórmula?

R.-Podría ser, siempre y cuando se consideren las voces de los pueblos indígenas que son los propiamente interesados. Las organizaciones  indígenas nacionales  tienen su propia lógica sobre qué entienden por territorio o pueblo, una concepción que, necesariamente, no es la misma que se maneja en otras propuestas. Hay que encontrar una manera  para ver cómo se va a reconocer esto.

Por Nylva Hiruelas

2 comentarios en “La eliminación de los EIA implicaría el surgimiento de nuevos conflictos sociales”

  1. Alerta
    18/03/2014 a 8:05 pm #

    Javier La Rosa, es también asesor de la Bancada Nacionalista en el Congreso de la República…

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