“Convertir la consulta previa en un procedimiento burocrático va a llevarla a su fracaso”

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Marisol Pérez Tello, congresista del Partido Popular Cristiano (PPC), responde a Consultape sobre los retos del proceso de la implementación de la consulta previa en el Perú.

P.- ¿Cómo va el proceso de implementación de la consulta previa a dos años de la aprobación de la ley?

R.-  La implementación del proceso requería que las autoridades que lo llevaran a cabo tuvieran claro qué era lo que se buscaba, no se trata solamente de una ley. Hay que dar pasos para la construcción de confianza que permita que sea viable. Esto acarrea años de olvido y de abandono del Estado hacia los pueblos indígenas en temas de servicios, de reconocimiento de tierras,  y de contaminación.

Hasta que no exista confianza entre los interlocutores de un diálogo difícilmente se van a llegar a acuerdos de algún tipo. La consulta previa se ha enfrentado como una reivindicación indígena que no nace de un derecho, pero sí nace del derecho de los pueblos indígenas en función de lo que son, y la primera manera  de respetarlos es garantizar su territorio que, evidentemente si en dos años no se ha logrado hacer un plan nacional de titulación,  difícilmente podemos llegar a hablar de los demás pasos que se tenían que haber dado para un diálogo de buena fe. Entonces, primero hay que titular las tierras para superar el problema de la servidumbre que se dieron en el Gobierno de García con el decreto N° 061 y que no hace otra cosa que, por vía de la norma, violentar un derecho. Eso puede declararse inconstitucional si se hiciera la gestión  que corresponde.

Si un desafío es la titulación indígena, otro gran desafío es la institucionalidad indígena para la toma de decisiones que tampoco la hay. El INDEPA [Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos]  se lo han cargado, y con mucho esfuerzo hay algunos especialistas en algunos ministerios que conocen el tema, pero no se ha institucionalizado la visión intercultural en el Ministerio.

P.- ¿Es compatible esta visión de desarrollo con el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas?

 R.- Yo creo que no se oponen, esa es la trampa de quienes están torpedeando  la consulta previa. No estoy de acuerdo con que se pretenda enfrentar “modelo de desarrollo indígena-no extractivista” con “modelo de desarrollo extractivista”.

Con lo que sí estoy en  contra es con una actividad extractivista que violente los derechos humanos y el medio ambiente. Pero considero que hoy en día la tecnología te permite hacer actividades extractivas respetando ambos derechos.

P.- Respecto al Lote 192, el proceso de implementación de consulta previa está estancado…

R.- Acaban de morir cinco niños en la zona de Corrientes por contaminación de plomo y cadmio y nadie se hace responsable. Dejemos de culpar acá a la empresa porque el Estado no se puede escudar en su responsabilidad de respeto y garantía como investigación, procesamiento, sanción y por supuesto reparación en caso de que el tercero sea el que afecte el derecho.

La reivindicación de los pueblos indígenas es clarísima, ellos tienen cinco exigencias que son: delimitación de tierras, titulación, identificación de los pasivos ambientales, un plan de remediación, compensación por el uso de espacios, de esas servidumbres, y por el uso de tierras, e indemnización por aquello que no se pueda remediar. ¿Dónde está la oposición a la actividad extractivista?

El 2015 está a la vuelta de la esquina [fecha de vencimiento del contrato de concesión de Pluspetrol], y no hacen absolutamente nada, o están esperando a hacer lo que hacen en otros lugares: negar el derecho de consulta alegando que ya hay actividad extractiva y lo único que hay que hacer es trasladar operador. Eso sería inaceptable, son 45 mil indígenas, de cuatro pueblos distintos. Van a hacer lo que hicieron en Bagua, crear un enemigo común y honestamente creo que la inclusión es parte de tener un concepto claro de que somos un país que necesita respetarse.

P.- Respecto al proceso de implementación, en sector de hidrocarburos, se consultaría después del proceso de licitación y antes de la elaboración del estudio de impacto ambiental. En base a esto, ¿Qué capacidad o margen de decisión les queda a los pueblos indígenas?

R.- Cero, están queriendo convertir la consulta previa en un procedimiento burocrático. Esa concepción va a llevar al fracaso del proceso, y entonces lo que van a terminar haciendo es batallas en los pueblos como Bagua. Vamos a terminar enfrentándonos entre peruanos por miopía del Estado.

P.- En la base de datos sólo se han reconocido cuatro pueblos indígenas andinos, ¿Por qué? ¿Influye que en la zona andina se concentren las concesiones y proyectos mineros?

R.- Porque el presidente cree que no son pueblos indígenas. Cuando hablan de pueblos indígenas se piensan que estamos hablando solamente de la selva, pero en realidad la mayor cantidad de pueblos indígenas del país están en la sierra entre quechuas y aymaras, que por todo este tema del terrorismo y del sonido gutural del quechua no trasladó el idioma, pero el idioma no es el único elemento para determinar si un pueblo indígena lo es o no.

Por Nylva Hiruelas

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