El caso del Lote 169 y los desafíos sobre consulta previa

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El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan Carlos Ruiz cuestionó el proceso de consulta previa realizado sobre la explotación del lote 169, el mismo que fue considerado “exitoso” por el gobierno peruano.

“No soy tan optimista con el tema de consulta. Me refiero a la que el gobierno está poniendo en vitrina; por ejemplo, la consulta realizada en el lote 169. Recordemos que ésta fue criticada por el relator de la Organización de Naciones Unidas (ONU), James Anaya, quien identificó debilidades sustanciales en dicho proceso”, señaló.

El relator de la ONU consideró necesaria la participación de los pueblos indígenas en materia de consulta de la actividad extractiva, desde las primeras etapas de planificación y no solo posterior a la firma del contrato, como ocurre en el Perú.

“Anaya sostuvo que el acuerdo en esa consulta no tenía los mínimos elementos, es decir, que ni siquiera se consultó los términos del contrato de licencia ya que las comunidades no tuvieron acceso a él. Ahora se nos dice que la vigencia de los derechos humanos depende de la madurez psicológica de las personas, esto nos parece absurdo”, puntualizó el abogado del IDL.

“En el país, se requiere de voluntad política para hacer vigente los derechos humanos. Nos preocupa, que por el contrario, haya salido un paquete normativo (Ley 30230) para reactivar la economía, afectando derechos fundamentales. La lógica parece ser, la protección del interés de unos pocos”, agregó.

ACUERDO PREVIO

El abogado del Instituto de Defensa Legal – IDL, Juan Carlos Ruiz, también cuestionó el denominado “acuerdo previo”, mecanismo por el cual las empresas llegan a un entendimiento con las comunidades sobre el uso de sus tierras.

“El acuerdo previo con las comunidades se realiza bajo el manto formal de la relación contractual entre dos iguales; pero lo que se esconde es una brutal imposición en un contexto de asimetría de poder entre las empresas y las comunidades”, aclaró enfático Ruiz.

Existen excepciones en que las comunidades se unen para efectuar un Acuerdo Previo, esto sucede en el caso del Lote 192, en donde las comunidades de cuatro cuencas se han juntado para negociar con el gobierno y la empresa privada.

“Pero en la mayoría de los casos una comunidad no está en una posición de igualdad con una empresa grande. En Puno, por ejemplo, una empresa minera le dijo a una comunidad que por cada día que hiciera huelga se le descontaría el pago que le realizaban por el uso de sus tierras. Obviamente en esos convenios no existe la idea de población indígena como sujeto de derechos”, enfatizó.

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Categorías: Caso: Lote 169

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