“No hay voluntad política para reconocer derechos humanos en el país”

El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan Carlos Ruiz, criticó tajantemente el proceso de Consulta Previa que el gobierno ha considerado como “exitoso”, en referencia a la consulta realizada sobre la explotación del lote 169.

“No soy tan optimista con el tema de consulta. Me refiero a la que el gobierno está poniendo en vitrina: la que se ha hecho en el lote 169; sin embargo el relator de la Organización de Naciones Unidas (ONU), James Anaya –que no es precisamente una ONG combativa-, ha dejado en evidencia las debilidades de este proceso”, señaló.

El relator de la ONU consideró necesaria la participación de los pueblos indígenas en materia de consulta de la actividad extractiva, desde las primeras etapas de planificación y no solo posterior a la firma del contrato, como ocurre en el Perú.

“Anaya sostuvo que el acuerdo no tenía los mínimos elementos, que ni siquiera se ha consultado los términos del contrato de licencia porque las comunidades no tuvieron acceso a este. Y ahora resulta que la vigencia de los derechos humanos depende de la madurez psicológica de la persona.

En nuestro país hay una esquizofrenia entre normas legales y rentas”, puntualizó el abogado del IDL.

“No hay voluntad política para reconocer derechos humanos en el país, no es por mala espina de la gente, ha salido un paquetazo normativo (Ley 30230). Hay un interés de solo proteger el interés de unos pocos”, agregó.

Por su parte, la abogada de Cooperacción, Ana Leyva, consideró que los procesos de Consulta Previa tienen que centrarse en llegar a acuerdos acerca del centro de la discusión en que se basa la consulta.

“Me preocupa el momento en el que se hace la consulta previa y los resultados de esta. Se debe consultar cosas trascendentes en la vida de las comunidades indígenas”, insistió.

 

ACUERDO PREVIO

El abogado del Instituto de Defensa Legal – IDL, Juan Carlos Ruiz, también cuestionó los denominados “Acuerdo Previo”, mecanismo por el cual las empresas llegan a un entendimiento con las comunidades en materia del pago/indemnización de la servidumbre minera o de hidrocarburos.

 

“El Acuerdo Previo con las comunidades se realiza bajo el manto formal de la relación contractual entre dos iguales; pero lo que se esconde es una brutal imposición en un contexto de asimetría de poder entre las empresas y las comunidades”, aclaró enfático Ruiz.

Existen excepciones en que las comunidades se unen para efectuar un Acuerdo Previo, este es el caso del Lote 192, en donde comunidades de cuatro cuencas se han juntado para negociar con el gobierno y la empresa privada.

 

“Pero en la mayoría de los casos una comunidad no está en una posición de simetría con una empresa grande. En Puno, por ejemplo, una minera con una comunidad le dijo que por cada día que se haga huelga se le descontará el pago. Obviamente en esos convenios no hay derechos. La idea de las Poblaciones Indígenas (PI) como sujetos de derechos, no existe”, finalizó.

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