Los casos judicializados por omisión de la consulta previa

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Juan Carlos Ruiz, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) nos habla de los casos que patrocina con otras organizaciones y que se encuentran en trámit

El abogado Juan Carlos Ruiz precisó que a través de la consulta previa, se reclama que se hagan vigentes un conjunto de derechos colectivos de las comunidades campesinas y nativas, que suelen ser vulnerados cuando se impone una decisión gubernamental.

Señala que, cuando correspondiendo efectuar consulta, ésta no se realiza, el derecho constitucional, nos ofrece  los mecanismos para  reclamarla. Además, precisa, que un proceso constitucional, permite poner en el conocimiento de la opinión pública, las demandas de los pueblos andinos y amazónicos.

“El proceso constitucional nos permite poner en vitrina una política que consideramos lesiva. Lo que se busca es coger un caso para corregir políticas públicas, con la finalidad de visibilizar la problemática de la gente. Usar de manera política un litigio”, indicó.

Ruiz detalló la diferencia fundamental que existe entre el derecho civil, el penal y el constitucional. El primero, dijo, está abocado a reparar el daño a la vulneración de un derecho, mientras que el segundo buscar sancionar a los culpables del acto lesivo. En tanto, el tercero permite restablecer el derecho y  utilizar la  trasgresión, para hacer que situaciones similares no se vuelvan a repetir.

Entre los casos judicializados por omisión de consulta previa, Ruiz mencionó: Arboleda, Suyo, Atuncolla y Chilla, todos ellos, referidos a la falta de consulta sobre actividades mineras.

En cuanto los casos judicializados sobre omisión de consulta en la actividad petrolera citó  los casos de los lotes 116 y 126  en la Amazonía y de los lotes 105, 155 y 156, en la zona andina del país.

El abogado aprovecho para dar a conocer que también se vienen tramitando procesos constitucionales para el restablecimiento de derechos vulnerados por la existencia de pasivos ambientales. En concreto se refirió al Caso Curinico, donde hubo derrame de petróleo. “El gobierno reconoció que había contaminación y solo entregó kits de agua y nada más. Existe una demanda de amparo contra el MINSA para exigir que se realicen exámenes de salud a la población”, sostuvo.

Además, señaló que un caso relevante es el juicio penal  sobre los sucesos ocurridos en la Curva del Diablo (Baguazo). Para Ruiz, este caso permite además de hacer justicia,  el que se pueda  establecer los derechos procesales que asiste a todo miembro de un pueblo indígena en las jurisdicciones ordinarias. “Estamos hablando de todo un paquete, que incluyen la necesidad permanente de un traductor, por ejemplo”, acotó.

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